El viernes 10 de marzo entró en vigencia la nueva normativa, aprobada de forma unánime en el Congreso, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, también llamada Ley TEA.
La legislación busca instaurar los deberes del Estado en su deuda con las personas en el espectro autista para asegurar su desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades, además de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos. Así, se busca terminar con cualquier forma de discriminación y promover políticas integrales en ámbitos sociales, educacionales y de salud.
Por otro lado, la ley considera también incluir a cuidadores y cuidadoras que acompañan a personas en el espectro velando por su salud mental, compañías y otros derechos, con el fin de que la ley reconozca a aquellos que realizan labores de monitoreo para generarles apoyos.
Junto con lo anterior, compromete al Estado a sancionar situaciones abusivas o de discriminación arbitraria.
La ley firma los derechos de trato digno, autonomía, progresividad, perspectivas de género, intersectorialidad, participación y diálogo social; detección temprana y seguimiento continuo y neurodiversidad.